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Red Chilena de Reducción de Daños

Mundo Diplomatico
Edición Nro 176 – Febrero de 2014
WASHINGTON PIERDE SU “GUERRA CONTRA LAS DROGAS”
Por François Polet*
Defecciones a los tratados internacionales
En América Latina, Europa y dentro mismo de Estados Unidos, distintos gobiernos implementan políticas innovadoras en materia de drogas, abriendo cada vez más frentes de resistencia contra el modelo prohibicionista dominante. Desde 1970, el mercado mundial evolucionó de manera acelerada y preocupante.
La guerra contra las drogas fracasó” (1). El informe publicado el 30 de septiembre de 2013 en el sitio de Internet del British Medical Journal, no deja lugar a dudas: las políticas prohibicionistas –asociadas al nombre del presidente estadounidense Richard Nixon, que el 17 de julio de 1971 elevó las drogas a la categoría de “enemigo público número uno”– no cumplieron sus promesas. Entre 1990 y 2010, el precio promedio de los opiáceos y de la cocaína habría incluso bajado en un 74% y un 51% respectivamente, tomando en cuenta la inflación y la mejora en la pureza de los productos (2). ¿Habrá llegado la hora de pensar otros métodos para luchar contra el flagelo de los estupefacientes, como hicieron los estados de Washington y Colorado en Estados Unidos, o como lo está haciendo Uruguay? (véase Hari, página 24).
Responder afirmativamente no significa minimizar el fenómeno. Con unos 200 millones de clientes, el mercado de la droga genera una facturación estimada en 300.000 millones de dólares anuales, lo que equivale prácticamente al Producto Interno Bruto (PIB) de Dinamarca. Pero la persistencia del problema no debe ocultar las profundas evoluciones registradas.
Hoy como ayer, tres países andinos –Bolivia, Colombia y Perú– satisfacen la casi totalidad de la demanda mundial de cocaína, mientras que Afganistán sigue produciendo más del 80% de los opiáceos (heroína y opio) vendidos en el mundo. Pero una parte creciente de esos productos destinados a Europa transita actualmente por el continente africano, con graves efectos desestabilizadores sobre las economías y las instituciones locales (3).
Como en otros sectores económicos, la demanda mundial se ve estimulada por la de los países emergentes. Mientras que el consumo en Estados Unidos no deja de bajar desde 2006, el de los brasileños propulsó a su país al segundo puesto en el mercado mundial de la cocaína. En otros continentes, con otros productos, se registran las mismas evoluciones: el aumento de la demanda de heroína en China y en el Sudeste Asiático compensa su disminución en Europa Occidental. Así, aun cuando los principales mercados siguen estando en el Norte (incluyendo a Rusia), asistimos a un cambio progresivo del centro de gravedad de la demanda: en un futuro no tan lejano el comercio Sur-Sur se volvería predominante.

Pocos actores económicos pusieron en práctica de manera tan rigurosa la consigna del Banco Mundial que invitaba a “aprovechar las inmensas oportunidades que ofrece la globalización de la economía” como los traficantes internacionales. Al sacar provecho del veloz desarrollo del transporte intercontinental marítimo y aéreo, así como de la hegemonía del “laisser faire, laisser passer” que limita los controles aduaneros, éstos estarían en condiciones, según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), “de contratar los servicios de expertos informáticos de alto nivel para escapar de la policía, coordinar los envíos y lavar el dinero” (4). La desregulación financiera y la aparición de autopistas financieras más o menos lícitas que transitan por los paraísos fiscales les brindan además infinitas posibilidades para reciclar sus beneficios.
Las redes mafiosas se beneficiaron del masivo empobrecimiento de los perdedores de la globalización. Rurales o urbanos, éstos constituyen un “ejército de reserva” inagotable para la producción y el transporte de drogas. Pero la economía política de este mercado imita hasta lo absurdo las desigualdades de las cadenas de valor internacionales, ya se trate del agronegocio o de la industria textil: en 2008, sólo el 1,5% de los beneficios de la venta de cocaína en Estados Unidos llegaba a los pequeños productores de coca, mientras que las redes que organizaban la distribución dentro del territorio estadounidense se quedaban con el 70% (5), que luego colocaban en la industria suntuaria o en los diferentes sectores que permiten lavar el dinero sucio (inmobiliario, casinos, turismo, oficinas de asesoramiento jurídico).
Una herramienta de poder
La cooperación internacional en materia de lucha contra las drogas comenzó en 1909. Estados Unidos, que acababa de “comprarle” Filipinas a España, reunió a un grupo de países en la ciudad de Shanghai para convencerlos de erradicar el flagelo del opio en Extremo Oriente. ¿Deber moral? La operación brindaba sobre todo la posibilidad de quebrar el monopolio inglés en el comercio de opio, a la vez que generaba la simpatía de las autoridades chinas. Ya por ese entonces se hacían presentes las principales características del régimen internacional que se impondría en la segunda mitad del siglo XX: orientación prohibicionista, énfasis en la supresión de la oferta, influencia preponderante de Estados Unidos…
La arquitectura institucional que garantiza el funcionamiento del sistema está formada actualmente por tres estructuras de las Naciones Unidas, todas ellas con sede en Viena. La Comisión de Estupefacientes, compuesta por 53 países con mandatos de cuatro años, es la instancia de decisión, en el seno de la cual se formularon las tres principales Convenciones antidrogas (6); la JIFE, que se presenta a sí misma como un “organismo casi judicial”, analiza las políticas nacionales de más de 180 Estados que ratificaron los textos. Ambos organismos reciben el apoyo logístico y administrativo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), que suministra por otra parte una asistencia técnica a los Estados en la lucha contra los tráficos, principalmente a través del programa de control de contenedores en curso en una docena de países de América Latina y África.

Un desequilibrio Norte-Sur caracteriza el tratamiento de la cuestión de los estupefacientes. Este mercado, a la inversa de lo que se observa en el de las armas –valorización de la producción (generadora de empleos en el Norte) y condena a la compra por parte de los países del Sur– se caracteriza en general por una responsabilización de los países productores (o consumidores de productos “pobres”, como el opio, el cannabis o la coca). Muy a menudo, la pesada tarea de control queda a su cargo.
El régimen goza sin embargo de un nivel de adhesión política del que muy pocos sistemas pueden enorgullecerse. El militantismo diplomático desplegado por Estados Unidos desde hace más de un siglo tiene mucho que ver con ello, particularmente a través de un proceso unilateral de “certificación”, que establece una clasificación anual de los países en función del respeto de sus “obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales antidrogas”. Hasta hace poco, las ventajas de una política nacional independiente en ese campo eran escasas frente al costo de desviarse del consenso prohibicionista, en términos de reputación y de buenas relaciones con Estados Unidos.
Pero la obstinación estadounidense se ve a veces modulada, y hasta subvertida, por las preocupaciones geopolíticas de la Casa Blanca. De Birmania a Nicaragua, pasando por Sicilia, los imperativos de la Guerra Fría llevaron regularmente a los servicios secretos estadounidenses a apoyar la instalación de redes de distribución de estupefacientes para financiar la lucha contra la “amenaza” comunista.
No obstante, cuando en 1989 los marines derrocaron al presidente panameño Manuel Noriega, ex aliado e importante traficante, se abrió un período durante el cual la “guerra contra las drogas” mereció una promoción geoestratégica importante, en el marco del vacío ideológico generado por la desaparición de la Guerra Fría. Revancha de la Drug Enforcement Administration (DEA) sobre la Central Intelligence Agency (CIA): la lucha contra el narcotráfico ya no era sacrificada en favor de los intereses geopolíticos, antes bien, se convertía en su principal palanca.
Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, esa guerra se transformó en un capítulo de la guerra, más amplia, dirigida a “erradicar el terrorismo”. Para los estrategas del Pentágono la situación afgana demuestra que el terrorismo y las redes de traficantes se alimentan mutuamente, y hasta se confunden, en las zonas sin ley abandonadas por los Estados “fallidos”. Pero tanto en Afganistán como en Colombia, las fuerzas de seguridad estadounidenses concentran sus esfuerzos en las redes que supuestamente financian a los “terroristas”, mientras que los barones de las drogas, vinculados de cerca o de lejos a los poderes aliados, raramente son perseguidos (7).
Ejes de resistencia
A pesar de su carácter pionero, la decisión de Uruguay –primer país que legalizó el consumo de marihuana con fines no médicos– no cae como un trueno en medio de un cielo sereno. En los últimos años se abrieron varios frentes a partir de la misma comprobación: el sistema actual no sólo es ineficaz –ya que el número de consumidores no disminuye– sino que además genera una serie de efectos colaterales cada vez menos aceptables.

Un primer frente, abierto hace más de diez años, promueve el principio de “reducción de daños”, que ubica a los temas de salud pública por encima del objetivo de reducir el consumo. Ese principio se traduce en programas de intercambio de jeringas, la creación de salas de consumo y el test de calidad de los productos, en funcionamiento actualmente en varios países europeos. Sin embargo, la expresión sigue ausente de las resoluciones de la Comisión de Estupefacientes, a causa de la tenaz resistencia de los Estados prohibicionistas, encabezados por Estados Unidos y Rusia.
Semejante rigidez conlleva, según el investigador David Bewley-Taylor, un proceso de “defección soft”, a través del cual varios países (entre ellos Alemania, Holanda, España, Reino Unido, Portugal y Brasil) “se desvían de la norma prohibicionista, aprovechando la plasticidad que existe dentro de los tratados, pero manteniéndose técnicamente dentro de sus límites jurídicos” (8). A su vez, aparecen tensiones cada vez mayores entre la JIFE y la agencia de las Naciones Unidas encargada de la lucha contra el sida (ONUSIDA).
La despenalización de la posesión de pequeñas cantidades de cannabis ofrece un medio de respetar la letra de los textos internacionales –que prohíben la legalización– desviándose a la vez de su espíritu. Los numerosos Estados de Europa y de América Latina que optaron por ese compromiso están guiados por una mezcla variable de preocupaciones prácticas (reducir los medios invertidos para perseguir a los consumidores) e ideológicas: el consumo de drogas livianas es un asunto privado.
Hoy en día, el papel de vanguardia que cumplió durante mucho tiempo Holanda, con su sistema de coffee shops –que se basa en una despenalización de la venta– es retomado por Uruguay y por dos estados de Estados Unidos: Colorado y Washington (a los que se sumaría próximamente el de Nueva York). Decisión que contradice a la posición de Raymond Yans, director de la JIFE, quien advirtió a las autoridades de Montevideo sobre las consecuencias de una decisión que amenaza “la integridad del sistema de tratados”, y no dudó en exigirle al presidente Barack Obama que se base en la ley federal –que prohíbe la legalización– para anular los resultados de los referéndums que permitieron la legalización en los dos estados antes citados.
Un tercer eje de resistencia se desarrolla, desde 2012, en el centro mismo de la región donde la lucha contra las drogas se llevó a cabo con más voluntarismo, con el apoyo de Estados Unidos. Liderado por los presidentes Juan Manuel Santos (Colombia) y Otto Pérez Molina (Guatemala), con el apoyo notable del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, este movimiento pretende salir de una “guerra” imposible de ganar, que además aumenta la criminalidad y la corrupción a la vez que sobrecarga los aparatos judiciales. En un gesto de audacia otrora inimaginable, los presidentes latinoamericanos, reunidos en marzo de 2012 en Tegucigalpa, adhirieron (¡en presencia del vicepresidente estadounidense, Joe Biden!) a la proposición guatemalteca de considerar mecanismos alternativos para luchar contra el narcotráfico, como la despenalización del tránsito de cocaína en ruta hacia Estados Unidos.

Esta iniciativa resulta aun más desconcertante para Washington considerando que se produce en su esfera directa de influencia, y que es impulsada por personalidades políticas conservadoras. En 2011, un informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, firmado por varios ex presidentes, como el brasileño Fernando Henrique Cardoso, el mexicano Ernesto Zedillo y el colombiano César Gaviria, presentaba tres tipos de reivindicaciones en vistas de “iniciar la transformación del régimen de prohibición mundial de las drogas” (9).
La declinación de las concepciones prohibicionistas parece irreversible, principalmente en el seno de la opinión pública estadounidense. Pero el futuro a mediano plazo del régimen internacional de control resulta difícil de prever. ¿Flexibilización de las Convenciones? ¿Ampliación de las conductas de “defección soft”? ¿Nuevas defecciones francas al estilo de Uruguay, contra las cuales es difícil imaginar que la ONU pueda aplicar sanciones? Las relaciones de fuerza en el seno de la diplomacia de las drogas serán decisivas.
1. “International ‘war’ on illegal drugs is failing to curb supply”, BMJ Open, 30-9-13, blogs.bmj.com
2.Ibid.
3. Véase Anne Frintz, “Trafic de cocaïne, une pièce négligée du puzzle sahélien”, Le Monde diplomatique, París, febrero de 2013.
4. “Informe 2008”, JIFE, Viena, 2009.
5. “Informe mundial sobre las drogas 2010”, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Viena, 2010.
6. La Convención Única sobre Estupefacientes (1961), la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas (1971) y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988).
7. Véase Julien Mercille, “La guerre aux drogues des Etats-Unis, prétexte ou réalité?”, Alternatives Sud, vol. 20-2013/3, Louvain-la-Neuve.
8. David Bewley-Taylor, The contemporary international drug control system: a history of the ungass decade, IDEAS Reports, London School of Economics, octubre de 2012, www.lse.ac.uk
9. Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, Río de Janeiro, junio de 2011.
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Mundo Diplo
Edición Nro 176 – Febrero de 2014
¿HASTA DÓNDE LLEGARÁ FRANCISCO?

PIONERO DE UNA NUEVA ERA

Por Johann Hari*

El 23 de diciembre pasado, el presidente uruguayo José Mujica aprobó un proyecto de ley que permite la creación de un mercado regulado y legal del cannabis, convirtiéndose así en el primer jefe de Estado en legalizar la producción y la venta –en una red de farmacias– de una droga prohibida en la mayor parte del planeta.

En México, los retratos de personas desaparecidas tapizan las paredes, como si se tratara de una gigantesca campaña publicitaria urdida por un mercader de hombres. Según Human Rights Watch, más de sesenta mil mexicanos perdieron la vida en la “guerra contra la droga” que lanzó el ex presidente Felipe Calderón en 2006. Baño de sangre alimentado por dos fuentes cruzadas: por un lado, Estados Unidos, que acarrea dinero y armas del otro lado del Río Grande para reprimir el tráfico de estupefacientes; por el otro, los carteles, que se disputan el control de los circuitos de entrega (1). Como asevera el escritor Charles Bowden, la guerra contra la droga se enlaza con la guerra por la droga. Ambas son igualmente mortales.

Hasta hace poco predominaba un cierto fatalismo, inspirado en la constatación de que el salvajismo no puede ser detenido, sino tan solo desplazado. Pero desde hace dos años los dirigentes latinoamericanos, incluso el presidente colombiano Juan Manuel Santos, se inclinan públicamente por romper con el dogma represivo y ejecutar una política distinta. La única, aseguran, capaz de erradicar el mercado de la droga. Este es el camino que hoy emprende Uruguay. José Mujica, su presidente, hoy es el único jefe de Estado del mundo que legalizó la producción y venta de una droga.

Mujica es un dirigente atípico. Miembro de la guerrilla Tupamaros en los años 80, estuvo preso en el fondo de un pozo durante dos años y medio. Tras su elección en noviembre de 2009, desdeñó la pompa del palacio presidencial para seguir viviendo en su casita con techo de chapas ubicada en un barrio popular de Montevideo. El 87% de su salario lo destina a fondos sociales y suele tomar el autobús para trasladarse a sus reuniones.

En julio de 2013, propició una ley que autorizaba el cultivo de cannabis en el territorio nacional y su venta a los adultos. Actualmente, los consumidores pueden obtener su hierba preferida en la farmacia, con un límite de cuarenta gramos por mes, o cultivarla ellos mismos, siempre y cuando no supere las seis plantas por familia. Es la primera vez que un país deroga frontalmente los tratados de la Organización de las Naciones Unidas que prohíben el uso de la marihuana.

Reconocer el fracaso

“Hace más de cien años que, de una u otra manera, llevamos a cabo políticas represivas acerca de la cuestión de las drogas –explica Mujica–. Y después de cien años, llegamos a la conclusión de que terminaron en un indiscutible fracaso.” Su ministro de Defensa, Eleuterio Huidobro –otro ex tupamaro, también detenido durante años en el fondo de un pozo–, nos resume la toma de conciencia que impulsó a su gobierno a dar este histórico paso: “Si no hacemos esto ahora, lo que sucedió en México terminará por producirse aquí. Y estaremos en graves problemas”. En efecto, en Uruguay se ubica una de las principales rutas continentales de la droga, recorrida por la cocaína boliviana y la marihuana paraguaya antes de encaminarse hacia Europa. Según el diputado Sebastián Sabini, uno de cada tres homicidios cometidos en el país está vinculado al comercio de los estupefacientes.

Es la política prohibicionista, insiste Huidobro, la que creó el narcotráfico y la violencia: “Al negarse a legalizar la marihuana, sólo se logra que las ganancias de dicho mercado queden en manos de los criminales y transforma a los traficantes un una organización superpoderosa”. En una economía ilegal, los litigios no se resuelven en los tribunales, sino a través del terror. Así como prohibir el alcohol provocó la aparición de Al Capone y la masacre de San Valentín (2), la banda de los Zetas y la infinita carnicería que enluta el norte de México son frutos naturales de la prohibición de los estupefacientes. Huidobro señala: “La guerra de Estados Unidos contra la droga causó más estragos que la propia marihuana. Produjo muchísimas más víctimas, provocó más inestabilidad. Plantea en todo el planeta un problema mucho más grave que cualquier droga. El remedio es peor que la enfermedad”.

El gobierno de Mujica considera que la erradicación del comercio de la droga es una mera expresión de deseo. El eslogan de la ONU “Un mundo sin drogas. ¡Podemos hacerlo!”, le parece un absurdo total. Diego Cánepa, prosecretario de la Presidencia de Uruguay, destaca que la alteración química de la conciencia responde a un consustancial deseo de la especie humana que se manifestó en todas las sociedades.

Los especialistas llaman “efecto globo” al envío de soldados con el único fin de desplazar el tráfico algunos cientos de kilómetros porque provoca un efecto similar al que se produce cuando se hunde el dedo en una bolsa llena de aire ya que su circunferencia aumenta por efecto de la presión. Como sucedió con las áreas de producción atacadas en Colombia que reaparecieron en Bolivia o con las redes desmanteladas en el Caribe que se reconstruyeron en México… Como mucho, se puede postergar el problema, no suprimirlo.

Partiendo de esa constatación, Mujica concluyó en que “dado que ya existe el mercado, hay que regularlo, sacarlo de las sombras para quitárselo a los traficantes”. En Estados Unidos, la legalización del alcohol en 1933 puso fin al tráfico del alcohol de mala calidad y a los asesinatos entre competidores. El cervecero Budweiser no es un filántropo, pero al menos no defiende su parte de mercado liquidando a los empleados de Guinness. De la misma manera, la legalización del cannabis –y su comercialización en comercios con licencia– le saca el pan de la boca al crimen organizado. Además, los impuestos recaudados pueden servir para financiar centros de atención para toxicómanos y programas de prevención contra el consumo de drogas.

Adeptos y opositores

Los adeptos a la legalización sudamericanos no tienen ninguna intención de promover los beneficios de la marihuana ni favorecer su consumo –Mujica no vaciló en calificar a los usuarios de drogas blandas como nabos–. En cambio, estiman que un porro no es más nocivo que un vaso de alcohol.

Los reformadores uruguayos no ignoraban que enfrentarían la indignación de los prohibicionistas. Hace décadas que agitan el fantasma de una legislación sinónimo de caos y excesos, que empujaría, según ellos, a los niños a abalanzarse a los kioscos pidiendo drogas. A lo que los uruguayos responden que el caos es lo que el continente sufre en este momento.

Su reforma apunta a exactamente lo contrario: recuperar el control del mercado para poder gobernarlo. Los reformistas aseguran que los adolescentes serán los principales beneficiarios. Se sabe que el consumo regular de marihuana en los menores puede alterar sus facultades mentales, por lo que es vital disuadirlos. Ahora bien, los jóvenes estadounidenses prefieren la marihuana al alcohol (3), por la simple razón de que un traficante rara vez solicita su documento de identidad al cliente. El farmacéutico, en cambio, es más proclive a respetar la ley, ya que corre el riesgo de perder su licencia.

En todos los rincones del mundo, muchos legisladores y policías reconocen en privado las ventajas de la legalización. En Uruguay, lo hacen en voz alta y actúan en consecuencia. ¿Por qué ellos, por qué allí? ¿Por qué razones los obstáculos en otros países –como la inercia, el temor de disgustar a Estados Unidos, el miedo de enajenarse la opinión pública, entre otros– resultan más fáciles de superar en Uruguay?

Se combinan varios factores. El primero se refiere al excepcional vigor del movimiento anti-prohibicionista, atizado por una serie de estrepitosas injusticias. En abril de 2011, por ejemplo, una profesora de 66 años de la Academia Militar, Alicia García, fue arrestada por haber cultivado en su casa algunas plantas de cannabis. Corría el riesgo de sufrir veinte años de cárcel por producción ilegal para uso comercial. Entonces se tejió una amplia red de apoyo, a la que se asociaron los jóvenes parlamentarios del Movimiento de Participación Popular (MPP), el grupo político de Mujica, militando a favor de la legalización.

Al mismo tiempo, la autoridad de Estados Unidos en ese tema empezó a tambalearse. En 2013, los estados de Colorado y Washington adoptaron una ley aprobada por referéndum que legaliza el uso, la producción y la venta de marihuana. Actualmente, las autoridades estadounidenses tienen menos poder para morigerar o castigar a los países que intentan hacer lo mismo.

Por último, la popularidad y la determinación del Presidente uruguayo representaron un papel clave. Cuando se sobrevivió en el fondo de un pozo durante años, sin duda se está mejor armado para resistir las presiones, tanto internas como externas.

Hasta hoy, sin embargo, Mujica y sus aliados fracasaron en atraer a su causa a la mayoría de sus compatriotas. Incluso si con el transcurso del tiempo la legalización suscita una creciente adhesión, en las encuestas todavía reúne un 60% de opiniones desfavorables.

Los opositores formulan tres objeciones. En primer lugar, un efecto inesperado: “A partir de la legalización de una droga, la gente consume más”, afirma la diputada Verónica Alonzo. El argumento parece sensato; pero los hechos lo contradicen. En los Países Bajos, donde desde 1976 se autorizó la venta de cannabis en los coffee shops (las autoridades renunciaron a una legalización formal para no infringir demasiado abiertamente los tratados de la ONU), los consumidores apenas representan el 5% de la población, contra el 6,3% en Estados Unidos y el 7% en el conjunto de la Unión Europea (4). El espectro de una avalancha precipitándose a las farmacias uruguayas parece, pues, una fantasía.

El segundo temor es que la legalización del cannabis incite a los usuarios a pasar a las drogas duras, en especial a la pasta base, un derivado de la cocaína comparable al crack, que causa estragos en los sectores más vulnerables de la sociedad uruguaya. Es la teoría llamada de la “puerta abierta”: un vicio pequeño lleva necesariamente a un vicio más grave. La doctora Raquel Peyraube, especialista en el tratamiento de toxicómanos, rechaza esta perspectiva. Según ella, es la prohibición la que, mediante el monopolio que confiere a los traficantes, orienta a los consumidores de marihuana hacia productos más peligrosos. “En el supermercado, comprás cosas que no necesitás porque te las meten delante de las narices o te las hacen atractivas –explica–. De la misma manera, los traficantes intentarán inducir a sus clientes a consumir cocaína u otras sustancias. La prohibición prepara el terreno para las drogas duras.” Análisis que confirma un reciente estudio de la Open Society Foundations, la red de fundaciones que creó el multimillonario George Soros: establece que los Países Bajos poseen el índice de toxicómanos más bajo de Europa, precisamente porque evitaron que la marihuana estuviera cerca de las drogas duras (5).

La doctora Peyraube recusa también la idea según la cual la legalización provocaría un aumento de casos de esquizofrenia. Dice que si existiese un vínculo entre la marihuana y la aparición de esa enfermedad, la tasa de esquizofrénicos hubiera explotado en estas últimas décadas, porque nadie cuestiona que en muchos países el consumo de cannabis no dejó de crecer; sin embargo, dicho índice sigue siendo estable. En cambio, cree posible que los esquizofrénicos consuman cannabis con mayor frecuencia que el promedio debido a su efecto relajante, lo que explicaría la correlación.

A dichas críticas se agrega otra, más seria, que no deja insensibles a algunos miembros de la administración uruguaya. En el mercado de las drogas ilícitas, la marihuana es sólo una mercadería entre tantas otras. Por cierto, su legalización va a reducir el mercado, pero deja intacto el comercio de los productos más rentables. Para desbaratar de verdad el poder de los carteles, la coherencia impondría ir más lejos y regular el circuito de todas las drogas que tienen una fuerte demanda. Para algunas, como el éxtasis o la cocaína, supondría encuadrar su venta; para otras, como la heroína, sería indudablemente más prudente distribuirla bajo prescripción médica, como sugieren las experiencias piloto realizadas en Suiza.

“Eso llevará tiempo –reconoce Sebastián Sabini, el hombre del MPP más comprometido con la reforma-–. Pero llegado el día, cuando sea el turno de las otras drogas, estaremos listos para defender en público nuestra causa.” Tabaré Vázquez, considerado por los analistas como el futuro sucesor del jefe de Estado, ya se pronunció por la legalización de la cocaína.

¿Existe todavía otra vía? ¿Para qué empeñarse en continuar con lo que Huidobro llama una guerra “ya perdida”? A la espera de que los dirigentes políticos de su país quieran responder, la mexicana Emma Veleta llora la desaparición de ocho miembros de su familia, raptados y secuestrados por traficantes, con la probable complicidad de las autoridades locales (6). Como señaló David Simon, creador de la serie televisiva The Wire, Estados Unidos bien podría intentar llevar su guerra contra la droga “hasta el último mexicano” (7).

1. Jean-François Boyer, “México: el Estado retrocede frente a los carteles”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, junio de 2012.

2. El 14 de febrero de 1929, en Chicago, la mafia del South Side dirigida por Al Capone tendió una trampa a la del North Side, comandada por Bugs Moran, y asesinó a siete de sus miembros.

3. Tom Feiling, The Candy Machine: How Cocaine Took Over the World, Penguin, Londres, 2009.

4. “Dutch fear threat to liberalism in ‘soft drugs’ curbs”, Reuters, 10-10-11.

5. “Coffee shops and compromise: separated illicit drug markets in the Netherlands”, Open Society Foundations, Nueva York, julio de 2013,www.opensocietyfoundations.org

6. “La pesadilla de perder a toda su familia en Chihuahua”, 28-5-12,www.animalpolitico.com

7. David Simon, “A fight to the last Mexican”, 10-7-12, www.davidsimon.com

* Periodista.

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Wall Street Journal
5 February, 2014

 

LA PRODUCCIÓN, USO Y MUERTES POR HEROÍNA SE DISPARAN EN EE.UU.

La muerte del actor Philip Seymour Hoffman debido a una aparente sobredosis de heroína resalta el resurgimiento de esta droga en los últimos años, impulsado por un suministro creciente desde América Latina y mayores restricciones a la prescripción de narcóticos que llevó a los adictos a buscar alternativas.

La cantidad de usuarios de heroína en Estados Unidos aumentó casi 80% de 373.000 personas en 2007 a alrededor de 669.000 personas en 2012, según encuestas de la Oficina de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias de EE.UU., parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Las muertes anuales por sobredosis atribuidas a la heroína fueron 3.094 en 2010, el año más reciente con datos disponibles, un aumento de 55% desde 2000, indicó el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades.

A diferencia del flagelo de la heroína de entre fines de los años 60 y comienzos de los 80, que se concentró en centros urbanos, la epidemia actual también afecta suburbios y zonas rurales. Durante una reunión del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de EE.UU. el mes pasado, 17 de 20 investigadores de todo ese país reportaron que la heroína era su principal problema en alza, indicó James Hall, un epidemiólogo del Centro para Investigación Aplicada sobre Uso de Sustancias y Disparidades de Salud de la Universidad Nova Southeastern, en Miami.

“La heroína no tiene ningún tipo de límite geográfico o demográfico”, indicó Rusty Payne, vocero de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Washington. “Toca a casi todos los segmentos de la sociedad”.

Un factor importante que está impulsando el regreso de la heroína son los adictos a las píldoras recetadas contra el dolor, los cuales adoptaron la droga debido a que las pastillas se volvieron “demasiado costosas o menos accesibles”, indicó Gil Kerlikowske, el zar contra las drogas de la Casa Blanca. La heroína es más barata y sin embargo es parte de la misma familia de drogas que la oxicodona y otros opios, cuyo uso ilegal ha perseguido con énfasis por las autoridades.

Alrededor de 80% de la gente que prueba la heroína por primera vez anteriormente usó medicamentos contra el dolor, según un informe del año pasado realizado por la Oficina de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias. Los usuarios nuevos suelen comenzar fumando o aspirando el polvo, y a veces pasan a inyectárselo, lo que causa el efecto más rápido e intenso.

Otro factor es que los fabricantes de heroína en México aumentaron la producción en los últimos años, indican funcionarios anti drogas. Los traficantes distribuyen cada vez más heroína mexicana, no sólo en el occidente de EE.UU., donde está presente desde hace tiempo, sino en el oriente, que había estado dominado por los envíos desde Colombia.

Las confiscaciones de heroína en la frontera entre EE.UU. y México aumentaron 232% entre 2008 y 2012, a 1.855 kilos, según datos de la DEA.

Además, la droga en si es cada vez más potente, en parte debido a métodos de producción más sofisticados, indicaron funcionarios.

Mientras la heroína se diluye con otras sustancias conforme llega a las calles, los compradores minoristas suelen obtener un producto más puro que en décadas pasadas, sostuvo James Hunt, agente especial a cargo de la división de la DEA en Nueva York. Mientras una dosis de heroína en los años 80 podría haber tenido una pureza de 5%, hoy es habitual encontrar una bolsa al público con una pureza de 50%, lo que la vuelve potencialmente más letal, agregó.

Además, la heroína a veces se combina con otras drogas peligrosas, incluido el opiato sintético fentanyl. Esa combinación ha sido responsabilizada por una gran cantidad de muertes en los últimos meses en la costa Este de EE.UU., incluidas 37 en el estado de Maryland y 22 en Pennsylvania.

Los usuarios “creen que están obteniendo heroína corriente”, sostuvo Thomas Carr, director de la Zona de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad Washington-Baltimore. “En cambio, reciben algo que podría matar un caballo”.

En el caso de Hoffman, los exámenes toxicológicos están pendientes. La policía encontró varios sobres en su apartamento de Nueva York con lo que se cree que es heroína.

El suministro de heroína en Nueva York aumentó desde 2009, afirmó Bridget Brennan, fiscal especial para narcóticos en esa ciudad. “Comenzamos a ver fábricas de producción que podían producir cientos de miles” de bolsas al día, dijo. La epidemia actual se asimila a la de los años 70 por su alcance, agregó Brennan. Pero “el cambio es el nuevo usuario”, aclaró. “Ese usuario actual suele ser más joven y con más dinero”.

—Pervaiz Shallwani contribuyó a este artículo.

 


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feb
Jue
13
Red Chilena de Reducción de Daños

Mundo Diplo
febrero, 2014
Alternativas en América Latina
LA TORMENTA PERFECTA
Por Guillermo Garat*

http://www.eldiplo.org/index.php?cID=2001744

Asediados por la violencia, en 2012 los países latinoamericanos propusieron analizar nuevas formas para combatir el fenómeno de las drogas, descriminalizando a los usuarios y concentrando los esfuerzos de la lucha contra las mafias.
Richard Nixon hubiera enloquecido. Cuarenta años después de su cruzada moral contra las drogas, dos estados estadounidenses –Washington y Colorado– legalizaron el consumo recreativo de marihuana y los ciudadanos de otros dieciocho la consiguen con simples recomendaciones médicas. Nixon hubiera fruncido el ceño y el estómago. A finales de 2013, el 55% de los estadounidenses se pronunciaba a favor de la legalización del cannabis. Por otra parte, los tres últimos presidentes de la nación norteamericana admitieron haber fumado marihuana.
En 2006, el presidente mexicano, Felipe Calderón, prometió un combate militarizado contra los carteles del narcotráfico. Desde entonces los muertos se multiplicaron, hasta llegar a unos 60.000, sin contar desaparecidos, torturas, corrupción militar y política, ni la violencia ejemplarizante y banalizada.
En aquel entonces, Calderón ordenó fiscalizar el espacio aéreo. Así, desparramó el problema del narco por toda América Central. Los carteles se apoyaron en pandillas locales, y en militares y paramilitares retirados, para ejercer el terror en el trasiego terrestre de la cocaína colombiana hacia Estados Unidos.
En 2012, el general del Comando Norte de Estados Unidos, Charles H. Jacoby, admitió que la captura de los capos del narcotráfico en México no tuvo el efecto deseado. Ello a pesar de la revelación de que la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos se reunieron con carteles mexicanos, principalmente con Los Zetas, para desestabilizar grupos rivales a espaldas de las autoridades mexicanas (1).
En los años 90 había dos carteles en Colombia (Medellín y Cali); después del Plan Colombia eran 242. La hoja de coca se cultivaba en 10 departamentos, hoy en 23. Situaciones similares vivieron Bolivia, Perú y México (2). La interdicción sólo logró llevar el problema a nuevas tierras.
La guerra contra las drogas, por lo menos en América Latina, está perdida. El consumo, el abuso, la producción, el tráfico y las ganancias aumentaron mientras la corrupción socava a todas las clases sociales, a Estados y gobiernos. En su último informe, la Organización de los Estados Americanos (OEA) estudia distintos escenarios de políticas de drogas (3). Y el de la regulación controlada (el modelo uruguayo) es perfectamente tolerado. Su secretario general, José Miguel Insulza, afirma que la organización no está en contra de las alternativas –como sí lo estuvo desde su creación–, sino todo lo contrario, las apoya, y le deseó sincero éxito al experimento uruguayo. Algo hizo crack.
Rechazo regional
En 1988, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas puso el objetivo en el cielo. Pretendía eliminar las sustancias prohibidas y sus cultivos en 10 años. En 1998 la quimera se prorrogó otros 10 años. En 2008, el asunto se dilató otra decena de años. La tarea no resultó tan fácil.
En 2012 América Latina dijo basta. En la VII Cumbre de Presidentes de la OEA, en Cartagena de Indias, se planteó analizar nuevas formas para combatir ese fenómeno. La OEA acordó llevar a la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) una posición favorable al debate y la búsqueda de alternativas. Asediados por la violencia y la necesidad de soluciones urgentes a la sangría, Guatemala, México y Colombia consiguieron adelantar a 2016 la reunión prevista para 2018.
En diciembre de 2013 comenzaron las reuniones interministeriales en Viena para acordar una declaración conjunta hacia la Asamblea. Pero esta vez el acuerdo no fue tan fácil. Por un lado, China, Rusia, Canadá y Perú –entre otros– no están dispuestos a ceder un milímetro ante el nuevo escenario que se abrió con la legalización del consumo recreativo en Washington, Colorado y Uruguay. En el otro extremo, varios países latinoamericanos, caribeños y europeos plantean la necesidad de una revisión pragmática.
Las convenciones de drogas descansan en el principio de responsabilidad compartida. Pero el análisis latinoamericano es que el compromiso no fue equitativo. Al tiempo que hacen ingentes esfuerzos para frenar el trasiego de drogas al Norte –llenando las hacinadas cárceles con jóvenes pobres mientras los narcos establecen territorios autónomos en los que el Estado está ausente–, los países desarrollados hacen poco para frenar su demanda, que aumenta sostenidamente tanto en uso como en abuso.
El acuerdo de cogestión de las políticas de drogas en el mundo tenía en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y la OEA las poleas construidas y aceitadas regularmente por Estados Unidos. Pero ahora, la administración de Barack Obama abandonó la postura del pasado y en Viena, los representantes estadounidenses parecen más bien observadores.
Los pequeños países, e incluso algunas regiones, buscan recuperar su soberanía y la capacidad de acción para hacer frente a sus problemas. La Alcaldía de Bogotá, de Gustavo Petro, ejecuta desde el año pasado un plan de reducción de riesgos y daños que se vale de la marihuana para que personas en situación de calle que usan crack puedan sustituir la compulsión de la cocaína por la sedación del cannabis.
Los acuerdos planetarios prohíben a ciegas, buscan que la población se adecúe a un principio legal general moralista y nada científico. Las convenciones parecen haber sido escritas en tablillas de piedra y hoy la sagrada escritura cuneiforme se desangra por la herida. Porque América Latina no quiere seguir perdiendo vidas, democracia, ni la posibilidad de encaminar acciones afirmativas en el campo de la salud con los usuarios problemáticos de drogas.
El sistema de salud es un fiel reflejo de cómo el prohibicionismo se metió hasta en los hospitales para perseguir y estigmatizar a los usuarios de drogas y alejarlos de una solución en la que la evidencia científica y las buenas prácticas médicas sean los instrumentos privilegiados. Por el contrario, los usuarios problemáticos son untados de un misticismo moral abstinente que tiene tasas de recuperación realmente muy bajas en todo el hemisferio.
Un paradigma que hace agua
En los últimos veinte años, la conversación global sobre drogas estuvo viciada de buenas intenciones, declaraciones lavadas y poca acción. Pero con el atrevimiento uruguayo, el impulso de América Central y el Caribe, además de algunos países europeos como Suiza, Alemania y Holanda, entre otros, parece desatarse un nuevo escenario, el de la tormenta perfecta.
Uruguay rompió el paradigma internacional digitado hace 100 años y sellado al vacío hace 40. El Frente Amplio, José Mujica y la sociedad civil uruguaya lograron que el control de este mercado sea incorporado a la agenda de derechos y que sea percibido como un tema de izquierda o por lo menos progresista, y no sólo en Uruguay. El PRD mexicano en su último congreso, en octubre de 2013, se declaró contra la guerra y llamó a una reforma en las políticas de drogas. Ahora el perredismo impulsa en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la despenalización del consumo para avanzar en propuestas de salud.
Este año las elecciones colombianas tendrán en la legalización de las drogas un nuevo tema de debate político-mediático, que nunca había sido puesto arriba de la mesa excepto para prometer plomo. Varios candidatos hablan de despenalización, fin de la aspersión química y regulación. En 2011 el propio presidente Juan Manuel Santos ya había recomendado regular el mercado de marihuana y cocaína. Aunque la clase política colombiana habla en público de la regulación controlada de la marihuana todos saben que el principal problema de seguridad es la cocaína, y por ahora de eso sólo se habla en la trastienda. No obstante, a mediados de enero las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) dieron a conocer un documento que emana de las conversaciones de paz con el gobierno. La guerrilla plantea una intervención del Estado para regular la producción y el mercado de amapola, marihuana y coca.
Este mes, los países del Caribe, que integran la Comunidad del Caribe (CARICOM), debatirán la legalización de la marihuana: ven beneficios terapéuticos en el cannabis pero también una manera de revitalizar sus economías.

En Argentina, aunque el proyecto acordado por diputados de la UCR, del FPV y del FAP naufragó en una ley general de salud, la sociedad civil es notoriamente cada vez más fuerte. En Buenos Aires, la última marcha por la liberación de la marihuana reunió a más de 100.000 personas. Cada vez más figuras públicas, académicas y políticas quieren dar un paso adelante tras la declaración de la Suprema Corte de Justicia en 2009 que despenalizó la tenencia de drogas.
También en Chile crece el debate sobre la despenalización de marihuana con fines médicos. Marco Enriquez-Ominami se mostraba partidario de la regulación en la campaña electoral que perdió. Cuando a la electa Michelle Bachelet le preguntaban cómo encararía el tema drogas, respondía que no habría innovación alguna. Sin embargo, de cara a la segunda vuelta de las elecciones, su portavoz afirmaba que había que tratar al usuario problemático desde el punto de vista sanitario y no criminal. El librecomercio chileno también juega en el terreno de las drogas. Los principales bancos de semillas y las empresas de parafernalia holandesas y españolas desembarcaron hace algún tiempo en Chile y sus rentas son altas. En noviembre de 2013 se hizo una feria de la industria del cannabis en Santiago, de la que participaron más de 20.000 personas. Las semillas que los europeos no declararon al Servicio Agrícola y Ganadero las vendían a ojos vista de la policía que también toleró una fumata generalizada de marihuana.
Modelos en pugna
En un escenario futuro de despenalización en América Latina es posible que los dos modelos más claros sean el libre mercado y la regulación estatal. En Estados Unidos se pueden apreciar los dos arquetipos, el liberalismo haciendo lo suyo o el Estado controlando con sus agencias impositivas, policiales o de salud.
La propuesta uruguaya descansa en la intervención del Estado como amortiguador de las fallas que generó el mercado de tráfico ilícito. Con los Estados ausentes el crimen organizado regula la actividad a su modo. En Uruguay, donde el Estado ha sido históricamente un fuerte actor y donde el neoliberalismo no pudo hacer todo lo que quiso en los años 90, se confió en la capacidad estatal para poner un ojo a los privados que serán el motor productivo. Los países latinoamericanos podrían devolver al Estado la preponderancia que en lo económico se prefiere evitar. En Uruguay, los sondeos de opinión pública dicen que un 60% de la población estaría en contra de la regulación del mercado de cannabis. Pero cuando se pregunta quién debería controlar el negocio, si el narco o el Estado, el 75% de los encuestados prefiere a este último.
Sin embargo, no hay unanimidad en América Latina. Perú y Paraguay son las dos puntas de lanza del prohibicionismo en el Sur. Siguen creyendo y repitiendo que la violencia y el crimen se deben a las drogas. Perú, gobernado por Ollanta Humala, es el principal productor de pasta base de cocaína del mundo. La línea de negocio atraviesa las capitales para llegar a los barrios carenciados o ser transformada en cocaína. Pero sobre todo busca cruzar el Atlántico hacia las capitales europeas. En la región del VRAEM se libra una de las batallas más sangrientas del hemisferio. La estrategia peruana es la militarización de la respuesta.

Paraguay es el principal productor de marihuana de la región, abastece a todos los países del Cono Sur y a Brasil. Miles de hectáreas de marihuana se cultivan sobre todo en la frontera con Brasil por campesinos que la prefieren por sobre la soja porque les pagan mejor. Miembros del oficialista Partido Colorado advirtieron a Uruguay, desde los medios de prensa, que su marihuana seguirá llegando a Montevideo a precios cada vez menores. En 2013, el tío del presidente Horacio Cartes fue procesado en Uruguay porque la policía antinarcóticos de Montevideo interceptó una avioneta que piloteaba con marihuana.
El trance es claro, defender el statu quo, criminalizar a los usuarios y dejar que el narcotráfico siga corroyendo los Estados o construir una política de Estado respetuosa de los derechos humanos y la salud de los usuarios, y redirigir el gasto estatal hacia una lucha más inteligente y coordinada contra las mafias.
Todo indica que ya nada será como antes.
1. Doris Gómora, “La guerra secreta de la DEA en México”, El Universal, México DF, 6-1-14.
2. Hugo Cabieses, “Erradicación de coca y políticas de drogas en el Perú: anatomía de un fracaso anunciado”, en América Latina debate sobre drogas, Intercambios-Facultad de Ciencias Sociales-UBA, Buenos Aires, 2011.
3. OEA, Escenarios para el problema de las drogas en las Américas, Washington, 2013, www.oas.org
* Periodista. Autor de Marihuana y otras yerbas: prohibición, regulación y uso de drogas en Uruguay, Debate, Montevideo, 2012.
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Razón Pública
10 de feb, 2014

LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA EN EL ESTADO DE COLORADO

http://www.razonpublica.com/index.php/internacional-temas-32/7340-la-legalizaci%C3%B3n-de-la-marihuana-en-el-estado-de-colorado.html

Marcela Velasco

La legalización del uso recreativo de la marihuana ha ido avanzando en Estados Unidos. El prohibicionismo se derrumba desde el interior de su principal defensor, y los efectos domésticos e internacionales serán de gran alcance.

Entorno favorable a la legalización

En noviembre del 2012 se aprobó mediante un referendo el uso recreativo de la marihuana en el estado de Colorado, Estados Unidos. La enmienda fue apoyada por el 55 por ciento de los votantes y entró en vigencia el primero de enero de 2014.

La constitución de Colorado admite mecanismos de democracia directa, como son el referendo, la iniciativa popular y la revocatoria del mandato, y su ciudadanía los usa con frecuencia. Más o menos la mitad de los estados de la unión utilizan estos mecanismos, casi todos en el oeste americano. En Colorado existen condiciones poco restrictivas para las iniciativas ciudadanas, por ejemplo, uno de los umbrales más bajos de firmas necesarias, o el 5 por ciento de los votos en la última elección para secretario de estado, o unas 86,000 firmas.

La facilidad para enmendar la constitución ha convertido a Colorado en una jurisdicción estratégica para intereses de orden nacional y local que buscan reformas de política y plataformas para impulsar cambios nacionales [1].
La campaña por la legalización de la marihuana fue apoyada por amplios sectores y organizaciones nacionales y locales.

La campaña por la legalización de la marihuana fue apoyada por amplios sectores y organizaciones nacionales y locales, desde partidos políticos y sindicatos hasta personajes reconocidos y grupos de acción ciudadana, y fue financiada al menos por seis comités regionales.

Además de la constitución de Colorado, su demografía y su cultura política facilitan estas iniciativas ciudadanas. Según el profesor Straayer, pese a su población de apenas 5, 2 millones de personas, su electorado en general es más independiente, joven, saludable y educado que el promedio nacional. Está pasando de ser un estado predominantemente rural, conservador y homogéneo, a uno más urbano, abierto y atractivo para las familias que disfrutan del medio ambiente y de actividades recreativas. Todo esto lo convierte en un “swing state”, donde la intención de voto no está del todo alineada con ninguno de los partidos tradicionales, y donde se puede conseguir apoyo tanto para causas progresistas como conservadoras.

¿Por qué la marihuana?

El uso médico de la marihuana ha ido cambiando la percepción negativa que se tenía sobre eta sustancia. Ha dejado de ser relacionada solo con la drogadicción, el comportamiento antisocial o el crimen.

Hace unas dos décadas los médicos empezaron a recomendar la marihuana a pacientes con enfermedades terminales, o con cáncer, insomnio o dolores crónicos, para aliviar síntomas de nauseas o pérdida de apetito, lo cual llevó eventualmente a la descriminalización del uso médico del cannabis en varios estados del país. En 1996 California se convirtió en el primer estado en aprobar el uso médico de la marihuana. Colorado hizo lo mismo en el 2000.

Por otra parte, la regulación del cannabis medicinal estimuló el desarrollo de un negocio legal y la creación de un mercado regulado. Por esto, Colorado tiene comerciantes con más de una década de experiencia, que fueron los primeros habilitados para atender la demanda recreativa.

Esta situación contrasta con la total demonización del uso de la cocaína, excepto en el caso del uso tradicional de la coca. No obstante, algunas voces mejor informadas sobre la drogadicción y el verdadero impacto social de la droga, están recibiendo atención. El más importante es tal vez el Doctor Carl Hart, neurólogo de la universidad de Columbia y miembro de la Drug Policy Alliance, quien viene demostrando científicamente entre otras cosas que el 90 por ciento de los usuarios de cocaína y metanfetamina no son adictos y, más sorprendente aun, mantienen funciones sociales y personales normales, tal como lo hace la mayoría de consumidores de alcohol. Aunque el Dr. Hart no afirma que sean sustancias benignas—como es el caso del alcohol—, tampoco concluye que sean tan peligrosas como se supone. Ya es hora de tener una conversación nacional honesta e informada para salir del prohibicionismo.

Las políticas prohibicionistas tampoco han prevenido la drogadicción, y en cambio han implicado altísimos costos policiales y de mantenimiento de cárceles, sin mencionar la devastación socioeconómica de comunidades pobres y de minorías étnicas. Según el Centro de Derecho y Política de Colorado, la legalización le ahorraría a la fuerza pública del estado más de 12 millones de dólares anuales y le generaría ingresos a Colorado del orden de 120 millones.
El uso médico de la marihuana ha ido cambiando la percepción negativa que se tenía sobre eta sustancia. Ha dejado de ser relacionada solo con la drogadicción, el comportamiento antisocial o el crimen.

La posición del gobierno federal

El federalismo americano permite que los estados experimenten con políticas públicas siempre y cuando no violen principios constitucionales, lo cual abre un espacio importante para introducir gradualmente las reformas.

Tan pronto pasaron los referendos de Colorado y Washington (este estado aprobó el uso recreacional de la marihuana, pero todavía no ha implementado la medida) el gobierno federal aceptó la autonomía de los estados y en agosto de 2013 presentó su posición en un comunicado del Departamento de Justicia dirigido a todos los fiscales federales.

El comunicado establece que el gobierno federal no daría prioridad a bloquear la legalización, ni a cerrar negocios dedicados a la venta de la marihuana para usos recreativos, siempre y cuando los establecimientos sigan leyes estatales claras y se proteja la población joven, evite el consumo entre niños, mantenga bandas criminales al margen del negocio legal, y evite el tráfico de marihuana a otros estados.

El proceso de regulación

El gobernador de Colorado, John Hickenlooper, reunió una fuerza especial con representantes del Ejecutivo, la policía, la fiscalía, la sección de impuestos, abogados especializados y representantes de los negocios de la marihuana. La impresión general es que se hizo un trabajo minucioso que abarcó la mayoría de preocupaciones tanto del gobierno de Colorado como del gobierno federal.

La nueva regulación se parece a la del alcohol: sólo los mayores de 21 años pueden comprar, usar y vender marihuana; está prohibido conducir bajo la influencia de la marihuana; hay un límite máximo de 5 nanogramos activos de delta- 9-Tetrahidrocanabinol por mililitro de sangre; cada adulto mayor de 21 años puede cultivar hasta seis plantas de marihuana y puede intercambiar hasta una onza de la sustancia de manera no-comercial.

También se establecieron zonas claras para alejar el negocio de sitios donde se deban proteger poblaciones vulnerables -algunos pueblos no van a permitir el negocio en sus jurisdicciones- y la sustancia no se puede consumir en lugares públicos, o en sitios de jurisdicción del gobierno federal (como son algunos de los parques nacionales).

La regulación incluye el cobro de altos impuestos: los electores aprobaron impuestos del 25 por ciento a la venta de marihuana, y estos servirán para cubrir los gastos de regulación y el resto financiarían el sistema público de educación. Según el Huffington Post, la primera semana de comercio legal registró ventas de 5 millones de dólares, lo cual significaría 1,25 millones en impuestos.
Esta situación contrasta con la total demonización del uso de la cocaína, excepto en el caso del uso tradicional de la coca.

Sin embargo, no todo va bien con el mercado. Los bancos no pueden ofrecer servicios ya que el sistema financiero está regulado por leyes federales contra el lavado de dólares. Esto obliga a los negocios a funcionar en efectivo, creando complicaciones de seguridad, y anécdotas sorprendentes de caletas de dinero y pagos de impuestos con maletas llenas de efectivo con olor a marihuana. Sin embargo el Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, acaba de anunciar que los bancos deberían ofrecer sus servicios a estos negocios (lo cual confirma la posición flexible del gobierno federal frente al proceso en Colorado y Washington, y tal vez la inminencia de nuevas reglas financieras)

¿El final del prohibicionismo?

Estados Unidos construyó un marco prohibicionista que se le está derrumbando por dentro. La prohibición no funcionó con el alcohol y tampoco funciona con las principales drogas de consumo ilícito. Como plantea John Walsh, experto en drogas de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), el presente constituye una oportunidad política donde los países deberían innovar con la política de drogas tal como lo está haciendo Uruguay.

La reacción del Departamento de Justicia frente a la legalización en Colorado y Washington representa sin duda un antecedente que influirá sobre otros entes del estado. Hay que esperar en especial la actitud de la DEA, que debería reformarse y pasar a ser más un ente regulador que castigador.

El Departamento de Estado no podrá seguir ignorando los sucesos internos al adoptar alguna posición frente a las innovaciones en otros países. El secretario de estado podría reaccionar como el Departamento de Justicia frente a la legalización de la marihuana en Uruguay, por ejemplo, con una posición menos intransigente y más cautelosa, sin apelar a obstrucciones, castigos o boicots económicos (recuérdense las dañinas políticas de de-certificación durante los años noventa).

Se esperaría que la misma actitud se aplicara a los países en el ojo del huracán de la política prohibicionista, como Colombia y México, donde la guerra contra las drogas causa estragos económicos y políticos, graves problemas de orden público, miles de vidas perdidas y una crisis humanitaria sin precedentes.

Hay que seguir observando el proceso político nacional. Si bien el gobierno Obama ha sido abierto a los cambios en Colorado y Washington, una administración republicana no necesariamente podría asumir una posición diferente, aunque todo dependerá del éxito que demuestren estos estados para sostener la legalización y exponerla como alternativa que resuelva los problemas de corte personal, familiar, social, y económico que genera el consumo de droga.

Previendo el fin del prohibicionismo, sería recomendable que Colombia pensara o adoptara medidas que eventualmente faciliten un manejo legal y regulado de la demanda local de marihuana. Es decir, es importante construir en la práctica relaciones de demanda y oferta post-prohibicionistas. Esto se puede lograr con un modelo estatal donde el principal productor, abastecedor y regulador sea alguna combinación de agencias del gobierno (parecería ser el modelo uruguayo) o de libre mercado donde todo se maneje en el sector privado (como sería el modelo estadounidense).

Este tipo de acciones tal vez avance más en la protección de las personas vulnerables y en la prevención de los efectos más nefastos del consumo de sustancias psicoactivas.

*Ph.D, profesora asistente del departamento de ciencia política de la Universidad de Colorado.

Notas

[1] Este punto se lo agradezco a J T Stepleton, estudiante de postgrado de ciencia política en Colorado State University

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Red Chilena de Reducción de Daños

Drugs & Democracy
La Nación
Buenos Aires, jueves 12 de diciembre de 2013
El jefe de la Sedronar, a favor de un debate por la despenalización de la marihuana
El padre Juan Carlos Molina aseguró que en la Argentina se puede discutir una ley que emule a Uruguay, que el martes legalizó la producción y venta de marihuana
La reciente legalización de la producción y venta de marihuana en Uruguay ya tiene eco en la Argentina. El flamante titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), el padre Juan Carlos Molina, aseguró hoy que en la Argentina se puede debatir la despenalización del cannabis.
“Argentina amerita un buen debate de esto. Tenemos la capacidad de hacerlo, no tenemos que subestimarnos”, afirmó Molina, en diálogo con radio Del Plata, a una semana de que la presidenta Cristina Kirchner le tome juramento como funcionario.
Aunque no especificó sobre si apoyaría una ley idéntica a la norma uruguaya, Molina, cura en uso de licencia, dijo que primero habría que hacer foco en la lucha contra el narcotráfico y en la prevención para que los jóvenes eviten la adicción. “Yo hablaría primero de la no criminalización, que es el gran problema. No hay que matar al perejil y dejar que el que tiene el negocio siga vivito y coleando”, consideró.
Según la ley de Uruguay, cuando el Poder Ejecutivo promulgue la reforma, cualquier uruguayo podrá tener en su casa hasta seis plantas de cannabis para poder armarse sus propios cigarrillos. A mediados de abril podrán comenzar la plantación por clubes de consumidores y la producción masiva para venta a través de la red de farmacias.
“La Sedronar a la calle”
Molina afirmó que la Presidenta le pidió que “cambie la mirada” del organismo, lo saque “a la calle” y apunte a la prevención de la drogadicción, al tiempo que destacó el acompañamiento de la Iglesia católica en su nueva labor.
“Cristina me ha pedido que cambiemos la mirada del Sedronar. Me dijo: ‘Metete en la prevención, llenemos la Secretaría de jóvenes que trabajen por los jóvenes, hacé una cruzada en esto de ganarle al narcotráfico’”, contó Molina. Según relató el sacerdote, la Presidenta quiere que “saquemos el Sedronar a la calle, que intensifiquemos el trabajo tanto en centros de día como de noche y poner el organismo en lugares donde no hay apoyo, donde no participan otras organizaciones”.
Asimismo, remarcó una frase que le dijo uno de los sacerdotes emblemas en la lucha contra las drogas, el padre Pepe Di Paola: “Era necesario que el Sedronar se saque la gorra, en idioma de los pibes. Y eso es lo que queremos hacer”..

dic
Vie
13
Red Chilena de Reducción de Daños

Los suscritos, convocados y reunidos por la Pastoral Social Caritas de la Conferencia Episcopal de Chile en el “OBSERVATORIO DE DERECHOS DE LOS USUARIOS DE DROGAS, SUS FAMILIAS Y COMUNIDADES” aunamos la mirada desde nuestras historias, experticias, misiones y visiones para manifestar conjuntamente nuestras esperanzas y preocupaciones.

Convocamos, en el actual contexto eleccionario, a las autoridades y a quienes aspiran a servir públicamente a los chilenos y chilenas a reflexionar y comprometerse con los ciudadanos en los siguientes conceptos relacionados al consumo de drogas:

1.- Observamos altos indicadores de vulneración de derechos de usuarios y usuarias de drogas. A partir de nuestra experiencia, llamamos a evaluar sobre la correcta aplicación del artículo 4° de la Ley 20.000.- que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que tiende crecientemente a confundir usuarios con micro o narcotraficantes.
Solicitamos a las actuales y futuras autoridades revisar esta situación, retornando al espíritu del artículo en cuestión. De ser necesaria reformularlo o introducir cambios en la reforma procesal penal en lo que respecta a las detenciones. . La presente mesa de trabajo ofrece su experticia técnica para el desarrollo de medidas en este sentido.
Solicitamos ampliar y profundizar las estrategias y programas de prevención de daños asociados al uso de drogas en población general y específicamente en población escolar.
2.- Constatamos la presencia insuficiente de programas públicos oportunos y pertinentes que faciliten el acceso a tratamientos de amplio espectro y bajo umbral, que ofrezcan acompañamiento a los usuarios y las usuarias de drogas, en su gestión de sus riesgos.Solicitamos ampliar la cobertura y plazas en los servicios existentes, y focalizar la mirada en niños, niñas y adolescentes no infractores de ley con severos problemas de adicciones.
3.- Nos preocupa además, que los centros privativos de libertad para adultos y adolescentes no logran cumplir integralmente con el objetivo de la reinserción social. Constatamos que, en general, las actuales condiciones físicas y programáticas no favorecen estos procesos y por consiguiente, se necesitas profundizar con mayor eficacia, programas intramuros que efectivamente otorguen formación laboral y amplíen los servicios de salud mental, específicamente para usuarios de drogas.
Confiamos que estamos a tiempo para aunar esfuerzos e incorporar estos criterios en los programas de gobierno. Manifestamos nuestra voluntad para trabajar con todos y todas los que deseen transformar  positivamente la vida de los que se encuentran en situaciones críticas y de sufrimiento social.
Santiago. 18 de Octubre 2013

dic
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Red Chilena de Reducción de Daños

10 Diciembre 2013
El Senado de Uruguay votó hoy, 10 de diciembre, a favor de aprobar el primer marco jurídico nacional del mundo para regular el cultivo, el comercio y el consumo de cannabis con fines médicos, industriales y recreativos.
El Senado de Uruguay votó hoy, 10 de diciembre, a favor de aprobar el primer marco jurídico nacional del mundo para regular el cultivo, el comercio y el consumo de cannabis con fines médicos, industriales y recreativos. Se espera que este voto histórico inspire y difunda más iniciativas de reforma del cannabis en todo el mundo y tenga un impacto significativo en las evaluaciones de las políticas de drogas de las Naciones Unidas.
“La luz verde a la regulación controlada por el Estado en Uruguay marca un punto de inflexión en la fallida guerra contra las drogas. La tendencia es irreversible; la época del régimen prohibicionista del cannabis a escala global se está acercando a su fin”, señala Martin Jelsma, coordinador del programa Drogas y Democracia del Transnational Institute (TNI) de Ámsterdam.
“Uruguay forma parte de una tendencia general de políticas de drogas alternativas que han surgido en los estados de Colorado y Washington, en países como España, Portugal, la República Checa y los Países Bajos, y en debates en toda América Latina. Es evidente que el debate sobre las políticas de drogas es cada vez más amplio y elaborado, por lo que no será fácil volver a reducirlo a falsas disyuntivas y consignas vacías”, apunta Tom Blickman, investigador del TNI.
El TNI es un instituto de investigación de políticas con sede en Ámsterdam, los Países Bajos. Desde 1996, su programa Drogas y Democracia se dedica a analizar las tendencias de la economía de las drogas ilegales y el régimen global de control de drogas, así como a examinar sus causas y efectos en la economía, las situaciones de conflicto y la democracia. En enero de 2014, el TNI publicará un importante estudio sobre el cannabis y el régimen internacional de control de drogas como aportación a las revisiones globales de políticas previstas para 2014 y 2016.
Para más información sobre el proceso de reforma de la política de drogas en Uruguay, visite la web Reforma a las leyes de drogas en América Latina del TNI: http://www.druglawreform.info/es/informacion-por-pais/uruguay

dic
Vie
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Red Chilena de Reducción de Daños

El Observado (Montevideo)
9 de diciembre 2013
Marihuana: ¿cómo es el modelo de Colorado y Washington?
Mientras en Uruguay la ley se aprobará este martes, los dos estados de EEUU se aprestan a entregar las primeras licencias de producción
-AFP-
Apoyados en una sólida aprobación popular, los estados de Colorado y Washington se aprestan a poner formalmente en marcha una experiencia inédita en Estados Unidos, al implementar los primeros mercados legalizados de marihuana.
Se trata de un cambio fundamental en un país que hizo de la guerra al narcotráfico una marca en las relaciones con sus vecinos, y donde un ex presidente tuvo que admitir que probó marihuana “una o dos veces, sin haber tragado” el humo.
En 19 estados de Estados Unidos el consumo de marihuana para uso medicinal ya se encuentra legalizado y reglamentado (en algunos casos hace casi dos décadas), y en la mayoría de ellos rigen normas variables que despenalizan el consumo privado.
Sin embargo, Colorado y Washington irán más allá y darán un enorme salto adelante al crear literalmente un mercado fiscalizado por las autoridades locales para el cultivo, distribución y comercialización legal de la marihuana para uso recreativo.
Normas similares a las aplicadas al alcohol
En el estado de Colorado, famoso por sus estaciones de esquí y sus multitudes de turistas, ya fueron emitidas por lo menos 130 licencias para pequeñas tiendas que a partir del 1 de enero de 2014 podrán vender legalmente 28 gramos de marihuana a mayores de 21 años.
Otros 300 pedidos de licencia esperan autorización, de acuerdo con autoridades locales. La marihuana vendida en esos comercios provendrá de cultivadores privados debidamente licenciados.
En Colorado el consumo, la posesión y el cultivo doméstico de marihuana en pequeñas cantidades ya era permitido pero no su comercio, con lo que mantenía abierta una puerta para la acción de grupos ligados al tráfico de drogas.
En términos legales, el consumo de marihuana estará sometido a las mismas restricciones y obligaciones que las referidas al alcohol. El consumo en lugares públicos no será permitido, así como su cultivo en terrenos públicos.

En el caso del estado de Washington, el proceso ya está definido y trazado, aunque se espera que las primeras licencias para la venta legal de marihuana sean emitidas recién a mediados de 2014.
Una experiencia bajo observación
Ante estas experiencias, otros estados ya han demostrado su interés en analizar la posibilidad de adoptar legislaciones similares.
“Dos estados ya están, faltan 48″, dijo Ethan Nadelmann, director ejecutivo del influyente grupo de opinión Drug Policy Alliance (DPA).
Colorado y Washington han dejado atrás un discurso sobre “cómo trancamos más gente, como arrestamos más gente, a una conversación más adulta y madura”, dijo Nadelmann a la AFP.
En su visión, es importante que la experiencia de Colorado y Washington sea exitosa, y que las personas a cargo conduzcan “la transición de una manera responsable. Es fundamental que lo hagan de forma madura e inteligente”.
Esto representa no solo un cambio de abordaje sino también un problema judicial, ya que si bien el comercio de marihuana pasará a ser legal en estos dos estados, la actividad será siendo ilegal para la ley nacional.
La posibilidad de que agentes de la Agencia de Represión a las Drogas, la famosa y temida DEA, invadan los comercios legalmente licenciados en Colorado o Washington para decomisar marihuana o arrestar personas motivó una discusión formal en el Departamento de Justicia.
Finalmente, el agosto de este año, después de intensas consultas, el Departamento anunció que renunciaba a su “derecho de impugnar las leyes” sobre legalización de la marihuana en esos dos Estados.
Inspiración fuera de las fronteras
Para Nadelmann, la experiencia estadounidense “tiene enormes reflejos internacionalmente. Lo que ocurrirá en breve en Uruguay es en parte inspirado en lo que ocurre en Estados Unidos”.
Uruguay se apresta a aprobar la legalización de la marihuana, y se convertiría así en el primer país a adoptar una normativa novedosa en este sentido.
El caso más mencionado es el de Holanda, cuya política con relación a la marihuana ha sido seguidamente malinterpretada y que además pasó recientemente por una modificación.
Holanda nunca legalizó formalmente el consumo de la marihuana sino que adoptó una política de tolerancia con el consumo en menor escala, considerado una cuestión de salud pública y no de policía. El cultivo y distribución de marihuana siguen siendo ilegales.

De esa forma, esa política siempre estuvo apoyada en un hueco imposible de disfrazar: el abastecimiento clandestino de los famosos cafés.
No obstante, Holanda se muestra dividida entre una fuerte corriente en favor de la legalización formal de la marihuana, y el cansancio con el “turismo de la marihuana”.
Por esto último, varias ciudades holandesas pasaron a rechazar el acceso a extranjeros, y únicamente personas que puedan probar residencia local pueden fumar marihuana en un café.

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Red Chilena de Reducción de Daños

12/11/2013 – 04:00

Señor director:

Según el Décimo Estudio de Senda, el consumo de marihuana se mantuvo, disminuyendo su prevalencia anual más alta conocida, del 7,2% en 2006 al  7,1% el pasado año. El uso de cocaína pasó de un 0,9% en 1994 a 1,8% en 2008, para volver a 0,9% en el 2012.  El consumo de PBC ha mantenido una constante tendencia al descenso, pasando de 0,9% en 1994 hasta  llegar a un 0,4% el pasado año. La buena noticia es que el 96% de la población no ha usado drogas en el último mes y que el 74% de quienes alguna vez las usaron han dejado de hacerlo.

En cambio, los impactos criminalizadores de la Ley 20.000 de Drogas son impresionantes. Fueron detenidas por infracciones a esa ley 85.023 personas (más de la mitad de los detenidos por todos los delitos). En los tribunales de justicia, los casos por drogas fueron 73.299, ocupando el primer lugar de todas las causas resueltas, de las cuales el 73,7% (54.047) lo fueron por consumo y porte. Finalmente, del total de los detenidos por drogas, sólo recibieron alguna sanción 10.733 personas (el 12,6% de aquellos que fueron detenidos), y entre estos, solamente 1.965 fueron sancionados por porte (el 2,6% de todos los que fueron procesados por porte y consumo).

En general, en los diagnósticos, todas las propuestas presidenciales suponen, por una parte, un grave impacto del uso de las drogas en la sociedad, lo cual no es coherente con la información epidemiológica oficial. Por otra, esas propuestas  suponen una correlación entre el consumo de drogas y la delincuencia, lo cual reposa en un equívoco estadístico y una falsedad discursiva, ya que  los pocos detenidos por diversos delitos no representan al conjunto de los que delinquen, ni menos aún a quienes usan drogas.

 

Ibán de Rementería

Secretario ejecutivo

Red Chilena de Reducción de Daños